Alquileres: el Gobierno nacional asistirá a ciertos inquilinos y determinó los criterios para hacerlo

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El Gobierno nacional oficializó hoy el “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales”. La medida quedó establecida en la Resolución 5/2021 que se publicó en el Boletín Oficial este martes 6 de abril. Bajo esta normativa, se establecieron los criterios de priorización dentro del plan para asistir a las familias que incumplieron sus contratos de alquiler. 

Teniendo en cuenta esto, el Estado argentino determinó los mecanismos de priorización de acuerdo con la “disponibilidad y grado de vulnerabilidad de las personas o familias que se pretenden proteger”. Entre los grupos priorizados se encuentran familias monomarentales y monoparentales; personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad; víctimas de violencia de género; personas con discapacidad; y personas en extrema pobreza y/o indigencia. 

Cabe destacar que la Resolución del Gobierno nacional aclara que “los criterios de priorización enumerados son meramente enunciativos, quedando a criterio de la Unidad de Gestión o autoridad competente en el marco del respectivo programa o plan de vivienda, la incorporación de otros grupos vulnerables”. Por lo que habrá que estar atentos a lo que se decida en cada caso en particular. 

El Poder Ejecutivo tomó la decisión debido a que “numerosos hogares inquilinos se encontraron con crecientes dificultades económicas para cumplir con las obligaciones de pago emanadas de los contratos de alquiler”. En base a esto, se remarcó que debieron enfrentar “diversas situaciones de dificultad para el pago de los montos de locación de los contratos vigentes, así como para afrontar los gastos de renovación de contratos o de la celebración de nuevos contratos, entre otras situaciones que pudieran derivar en el inicio de procesos de desalojo”. 

Trabajo institucional en conjunto

El Gobierno nacional dispuso, además, un marco de actuación institucional tendiente a sistematizar la información y caracterizar los hogares que se encuentren atravesando procesos de desalojo en instancia de mediación judicial. Además, se insta a desarrollar un registro que permita la identificación de la persona, familia o grupo conviviente. Finalmente, se busca proponer convenios de colaboración y asistencia a los fines de establecer marcos de actuación que eviten situaciones de vulneración de derechos humanos fundamentales.