La liberación de las escuchas

En una resolución que fue dictada aprovechando la pausa y la larga siesta estival, pese a ser año electoral y sin que nadie se dé por enterado de la gravedad de las consecuencias que puede traer aparejadas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que la Policía Federal, en lo inmediato, y más adelante la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina podrán tener locutorios en sus sedes, desde los cuales escuchar las conversaciones telefónicas de los argentinos.

Si repasamos un poco la cuestión, luego de una crisis –aún no resuelta-en el seno de los aparatos de inteligencia que dependían del Poder Ejecutivo, se dispuso trasladar la oficina de escuchas telefónicas (OJOTA) desde la ex S.I.D.E., actualmente Administración Federal de Inteligencia A.F.I., primero a la Procuración General de la Nación, durante el gobierno anterior, y a dependencias de la Corte Suprema con el gobierno actual. La resolución de la Corte, que por tener ese carácter es administrativa, es decir de gobierno interno, se contrapone abiertamente a su doctrina expuesta en la materia sentada en el fallo dictado en 2009 en el caso “Halabi” (Fallos 332:111) cuyas conclusiones merecerían ser repasadas minuciosamente. Hasta donde se sabe, dentro de principio de supremacía, los fallos tienen jerarquía superior a las resoluciones administrativas internas. Es decir esas resoluciones, no pueden contradecir a los fallos.

En la crítica analítica al libro escrito por el periodista Gerardo “Tato” Young, de imprescindible lectura, titulado “Código Stiusso” (Planeta Espejo de la Argentina, Bs.As., 2015) se afirma lo siguiente: en Código Stiuso se muestra, como nunca antes, el mundo subterráneo del poder que se ejerce a través de las cloacas. Es un mundo de reglas no escritas e inconfesables, que se ejecutan desde la Secretaría de Inteligencia, el aparato de espionaje de la Presidencia. Un organismo a espaldas de los argentinos, pero fundamental para entender el país de las últimas décadas. La SIDE es el secreto mejor guardado de la Nación. Desde allí se controla a los jueces, se extorsiona a opositores, se pinchan teléfonos de a miles y se intenta dominar a las minorías. También se investigan delitos complejos y se asiste al Poder Judicial. Pero el trabajo formal es la cobertura de lo otro: la persecución de los enemigos de turno.

La descripción no puede ser más exacta, sobre todo si se analiza el dislate que significó transferir esa oficina desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, sin que medie una ley discutida abiertamente en el Congreso de la Nación, como hubiera correspondido. Tal herramienta de poder, significa dotar a la Corte de funciones que no solamente no le incumben ni le son propias, sino la tentación autoritaria de escuchar el pensamiento no ya de quienes están involucrados en procesos judiciales, sino también de cualquier ciudadano que se les antoje. Y por cierto, utilizarlos con fines espurios. Extrañamente, la Corte recibió alborozada ese insólito traspaso, pero además dejó filtrar información confidencial de procesos penales con intereses políticos como el hartamente difundido insulto vertido en un diálogo telefónico entre la ex presidenta Cristina Fernández a su ex secretario general Oscar Parrilli. Ningún fiscal de la Nación se dio por aludido de dicha anomalía.

Más allá de la utilización con fines políticos, la escucha puesta a disposición de la prensa de manera aviesa, revela la omnipotencia de un poder sin control alguno y la intromisión en causas penales que se encuentran en pleno proceso de investigación. En ninguna democracia medianamente civilizada resultaría admisible ni tolerable que a las escuchas telefónicas las maneje sin control alguno el poder encargado de juzgar delitos y menos aún que el Poder Judicial arrogándose facultades que constitucionalmente no tiene, disponga que agencias estatales de seguridad puedan interceptar llamadas a cualquier ciudadano, sin control alguno. Esas agencias de seguridad dependen administrativamente del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial. El retroceso que eso implica al Estado de Derecho resulta pavoroso y se debería impedir mediante el dictado de una ley que esa oficina permanezca dentro de la órbita de la justicia, porque ante los poderes exorbitantes, las democracias y las instituciones se debilitan, lejos de fortalecerse.

Por Abel Cornejo para Voces Críticas