La Hoguera de las vanidades

Según puede leerse en Wikipedia, "La hoguera de las vanidades" (en inglés, "The Bonfire of the Vanities") es una novela escrita por el estadounidense Tom Wolfe en 1987, en la cual se presenta un cuadro de sátira sobre las costumbres de la sociedad de Nueva York en la década de 1980, caracterizando el universo de los adinerados ejecutivos de finanzas y sus interacciones con el resto de la sociedad. El título se inspira en la "Hoguera de las vanidades", evento histórico ocurrido en Florencia, Italia, a fines del siglo XV. Con ello, Wolfe trataba de explicar hasta qué punto el dinero y la fama resultan inútiles para salvar a un individuo cuando se reúnen en su contra situaciones y circunstancias desfavorables, para lo cual emplea como "fondo histórico" la sociedad neoyorquina de los años 80, mostrando un cuadro de hipocresía y juego de apariencias en el cual las convenciones sociales cambian de acuerdo a las conveniencias del momento. Esta fue la primera novela de Tom Wolfe, autor dedicado hasta entonces, al periodismo y al ensayo. Debido al éxito público, la obra fue adaptada al cine con título homónimo en 1990, dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Bruce Willis, Tom Hanks y Melanie Griffith y alcanzó enorme suceso. Hasta allí la ficción. Vamos ahora a la realidad.

Desde que se produjo el cambio de presidente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 1 de octubre de 2018, una serie de eventos desafortunados se sucedieron, sin cesar. Parecería que lo más fácil es cargar todas las culpas en el nuevo mandatario, el Dr. Carlos Rosenkrantz, un erudito académico, que hasta el momento en que ingresó al Alto Tribunal no había tenido experiencia judicial alguna, circunstancia que, por cierto, se notó en la forma como se condujo en algunos de sus comportamientos y pronunciamientos, lo cual lejos de descalificarlo, en todo caso lo encuadran dentro del contexto en que le tocó actuar.

El presidente Rosenkrantz fue elegido por el voto de todos los jueces de la Corte. Salvo el del juez Juan Carlos Maqueda, fiel aliado del presidente anterior. En cambio, sí obtuvo la anuencia del hábil y astuto presidente saliente, Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, quien sin dudas, desde ese mismo instantes quedó profundamente sentido por el cambio de mando, que, sin duda, no esperaba. Lo que cabe concluir es que el Dr.Rosenkrantz no tuvo tiempo de acomodarse en el sillón cuando comenzó a sufrir una dura y difícil andanada de una nueva mayoría integrada por los jueces Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, cuya actitud no es fácil de comprender, dado que fue el artífice y facilitador primordial del cambio de presidente y quien hasta entonces figuraba como el juez con mayores probabilidades de conducir el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, ante un eventual recambio. Si Rosatti integraría después la nueva mayoría, no se entiende para que abonó el recambio presidencial.

Además, una particular situación reviste la jueza Elena Highton de Nolasco, quien interpuso una medida cautelar ante el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico, que, ante el estupor generalizado, le hizo lugar y el Gobierno nacional no apeló el fallo, incumpliendo expresamente la manda del artículo del artículo 99 inciso 4º, último párrafo de la Constitución Nacional, según el cual, los jueces que cumplen 75 años de edad necesitan de nuevo acuerdo senatorial por cinco años para poder continuar en sus funciones. Hasta ese momento la Corte Suprema, por única vez en la historia argentina, había declarado inconstitucional esa cláusula reformada en 1994, lo que le permitió seguir siendo juez al Dr. Carlos Santiago Fayt hasta los 98 años de edad.

Sin embargo, el juez Lavié Pico falló a favor de la jueza Highton en febrero de 2017, no obstante lo cual, en mayo de 2018 la Corte Suprema revocó el precedente Fayt, y en la causa que había iniciado el juez federal de la Cámara de la Plata, Leopoldo Schiffrin, al igual que Highton, cambió el criterio y sostuvo que todos los jueces duran en sus funciones hasta los 75 años. El Gobierno nacional que unos meses atrás convalidó el fallo que favoreció a Highton, a partir de ese momento comenzó a dar cumplimiento, por primera vez desde la Reforma de 1994, a la cláusula del artículo 99 inciso 4º último párrafo. La cuestión no quedó allí pues la diputada nacional Victoria Donda, impulsó el juicio político de Highton de Nolasco, por utilizar datos confidenciales, el 27 de septiembre de 2018, con lo cual su situación de revista en el Máximo Tribunal, quedó sumamente frágil y endeble. Y sin duda, algún colega se la recuerda al momento en que debe decidir alguna cuestión de importancia.

A partir de allí, la guerra fue total. Apenas asumido Rosenkrantz intentó recuperar las claves del sistema informático del Centro de Información Judicial (CIJ), las que le fueron negadas en principios por el presidente saliente Lorenzetti, quien exteriorizó su malestar en una carta pública, dando pábulo a todo tipo de conjeturas, dado que nunca antes había ocurrido algo igual. A continuación, en diferentes episodios pudo observarse la clara intención de menguar y recortar el poder del nuevo presidente, hasta que, conjuntamente con el dictado del fallo Blanco, donde se resolvió un reajuste jubilatorio, la nueva mayoría de la Corte dictó una Acordada, donde los poderes presidenciales quedaron reducidos a una mera expresión de deseos. Al punto de que para designar un empleado, deberá contar con el concurso y asentimiento de sus pares. Como al pasar, surge en mi mente el recuerdo que en una decisión inexplicable del Poder Ejecutivo Nacional, la Corte Suprema es quien maneja también la oficina de escuchas judiciales. Un despropósito inédito a escala mundial, pero que en la actualidad forma parte del inconmensurable poder del que dispone.

A su vez, el Administrador de la Corte, quien políticamente responde al presidente anterior, fue promocionado como un estratega de las finanzas del Poder Judicial, quien maneja una suculenta caja más un fondo anticíclico de $26.000.000.000, suma que si se aplicase la ley, debería retornar a Rentas Generales, ya que ningún poder del Estado puede colocar a plazo fijo monto alguno, sino que si hay un sobrante, debe retornar esos fondos al Ministerio de Economía de la Nación, es al menos lo que dicta la ley de presupuesto bien aplicada. Evidentemente, la práctica no. ¿Acaso, no habrá llegado la hora de que la República se despoje de una vez y para siempre de los señores feudales con prácticas bonapartistas e integren la Corte jueces comprometidos absolutamente con el sistema democrático y la transparencia en un número mayor a cinco? Porque hasta quien escribe estas líneas queda pasmado de lo que sucede en la cúspide del poder, que según el Preámbulo de la Constitución Nacional, debe afianzar la justicia.

Por Abel Cornejo para Voces Críticas